Una de convenios

La depuración de aguas en Laguna colea. El Psoe no se resiste a dejar zanjado este asunto, que ha convertido en uno de sus principales caballos de batalla para arremeter con la pica en la llaga abierta de D. Jesús Viejo. Resulta que el convenio con Valladolid para la depuración se ha hecho sin el informe favorable de los técnicos de nuestro propio ayuntamiento. Nuestro secretario e interventora, así como el técnico de aguas ven inconvenientes graves en la formulación de este convenio que ha dejado en el aire, y al solo criterio del ayuntamiento de Valladolid, la valoración de asuntos capitales para el interés de los vecinos de Laguna como es la estimación de los costes de mantenimiento de la depuradora de Valladolid, o la propia fórmula de convenio, que deja en manos de Valladolid la gestión de un servicio público común que se debería gestionar a medias. En esta ocasión, el Psoe cumple con acierto con el papel que le han dejado los partidos del pacto de gobernabilidad: el control de la labor del equipo de gobierno, en defensa de los intereses de los vecinos, cuando esos intereses no se salvaguardan debidamente. Esta labor forma parte de las obligaciones del partido en la oposición y es deseable que la sepan valorar los vecinos. Y parece que en esta ocasión la crítica ha sido certera, pues el señor alcalde ha dudado y ha encargado un informe jurídico para avalar la legalidad del convenio. Correcta también esa decisión del alcalde que, por una vez, no se enroca en una posición inamovible. Siga pues el Psoe en esa línea de denunciar aquellas acciones municipales que ofrecen serias dudas de legalidad. Seguro que encuentran otras. Y de seguir en esa línea no dejarán escapar otras que se van colando. Otras como el protocolo firmado en su día con el Liceo Francés por el cuál se entregaba una parcela municipal para una iniciativa privada, un servicio educativo al que la mayoría de los laguneros no tienen acceso, mientras Cruz Roja, por ejemplo, anda peregrinando de local en local, sin poder desarrollar sus servicios sociales de manera adecuada. Igualmente denunciable, aunque vuelve a pasar desapercibida, la adjudicación de la gestión de Radio Laguna, una vez más de dudosa legalidad, y a la que el Psoe podría haber exigido, también, un informe jurídico de legalidad.